¿A quien beneficia la prohibición?

Como todo detective que se precie, la primera pregunta a formularse ante un crimen no resuelto es: ¿Cuál es el móvil? ¿A quién beneficia? En nuestro caso, entender el porqué de esta testarudez social en defender lo indefendible, pasa también por preguntarnos a quién beneficia mantener la prohibición. Así, cuando pensemos en el aparato del Estado, en los toxicómanos, en la gente de la calle, etc. habremos de pesar en los beneficios que obtienen del mantenimiento de la prohibición. En algunos casos, éstos serán ventajas marginales, de orden psicológico tal vez; en otros, las ganancias consisten en inmensas sumas de dinero. O de poder. Por eso el interés de ciertos sectores por mantener posiciones de autoridad respecto a la ciudadanía no es ajeno tampoco a nuestra búsqueda.

Si, pese al fracaso, la prohibición se mantiene, tiene que ser en parte porque resulta útil para objetivos no declarados. Habrá que intentar desentrañar las ventajas, conscientes o inconscientes, que su mantenimiento aporta a cada uno de los protagonistas de esta historia. Será necesario pensar en cómo cada uno de ellos se beneficia de un modo u otro de una política cuyo objetivo inicial ya no puede ser más que una excusa. Algunos de los beneficios que la prohibición aporta han sido ya dichos: dinero y poder para quienes comercian con esa mercancía prohibida: narcotraficantes, muchos estados y servicios de inteligencia, entre otros. Sólo estos motivos son ya, de por sí, más que suficientes para entender el mantenimiento de la situación actual. Los inmensos intereses en juego por parte de quienes producen y comercian con las drogas, así como por quienes dicen combatirlas, son un obstáculo gigantesco para cambiar la situación. Pensemos sólo en la cantidad de gente cuyos ingresos dependen del mantenimiento de la prohibición. Y no me estoy refiriendo sólo a policías, políticos, jueces o aduaneros corruptos, sino a todas aquellas personas que se dedican a cualquiera de los negocios propiciados por este sistema: quienes construyen y mantienen cárceles, quienes ganan votos de los ciudadanos temerosos de las drogas, quienes se dedican a organizar seminarios y congresos donde analizar la cuestión, quienes fabrican y distribuyen las drogas legales, quienes promueven el uso de pruebas para detectar el consumo de drogas en las empresas o las escuelas, quienes trabajan en las múltiples instituciones dedicadas a reprimir, rehabilitar, educar o fiscalizar, y un largo etcétera. Si pensamos en que a estos intereses legítimos hay que añadirles los derivados de la corrupción y la delincuencia, nos podremos empezar a hacer una idea de lo difícil que ha de resultar, por fuerza, cambiar nada. Pero al margen de éstos hay motivos más sutiles que permiten perpetuar la prohibición y que merecen, cuando menos, una pequeña reflexión.