Consecuencias de la prohibición en las relaciones internacionales

EE.UU. es el principal estado usuario de las drogas como mecanismo de justificación de numerosos desmanes a nivel internacional. Desde la invasión de Panamá hasta las incursiones en los territorios mejicano o colombiano para destruir las plantaciones del arbusto de coca por métodos militares, pasando por las presiones realizadas a terceros países para que sustituyan sus cultivos tradicionales de sustancias prohibidas, ya sean cáñamo, adormidera o coca, pero que acepten la entrada de las drogas occidentales, alcohol y tabaco. De hecho, esta preocupación por la salud de los ciudadanos occidentales no impide que Occidente permita vender en países del Tercer mundo sustancias cuyo consumo está prohibido en los países de origen por su peligrosidad para la salud. Así por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud reconoce que “los agricultores de los países en vías de desarrollo sufren cada año tres millones de casos de envenenamientos agudos por insecticidas” cuyo uso está prohibido en los países que lo fabrican.

Tal y como hemos visto en el capítulo anterior, la historia del prohibicionismo va muy ligada a la xenofobia y a luchas por el poder económico y político a nivel internacional. Las relaciones de EE.UU. con América Latina están marcadas y determinadas por la ‘cuestión droga’. Las ayudas económicas que EE.UU. realiza en la región, vienen condicionadas a que los gobiernos de la zona obtengan una ‘certificación’ que el gobierno norteamericano otorga o deniega anualmente y que, básicamente, depende de las acciones que dichos países han realizado contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Así, es en función del número de detenciones, incautaciones y extradiciones como los países latinoamericanos pueden acceder a las ayudas del gigante del norte. En este sentido, es necesario comprender que la ‘war on drugs’ americana ha sustituido a la guerra fría como mecanismo de control en la política exterior respecto a América Central y del Sur. Para muchos países de la región, los cultivos prohibidos en Occidente y tradicionales allí, suponen una parte importantísima de sus ingresos. Se apunta que la economía basada en las drogas aporta el 75% del Producto Nacional Bruto boliviano, el 21% del Perú y el 25% en Colombia. Y habitualmente constituye la principal fuente de divisas de estos países . Por estos motivos Iñaki Márquez afirma que no puede plantearse seriamente la erradicación de cultivos “porque sólo en América Latina entre 2,5 y 3 millones de personas se hallan empleadas en actividades con las drogas ilegales, dependiendo de ellos unos 15 millones: cocaleros, intermediarios, abastecedores, zepes o motobones, ‘cocineros’, ‘mulas’, un enorme complejo coca-cocaína... En 1992, la administración norteamericana solicitó 11.680 millones de dólares para programas erradicadores e intervenciones policiales antidroga. Herbicidas y ejércitos que asegurarían el genocidio de inmensas comunidades. Si nos atenemos a los resultados, ya lo hemos dicho, el fracaso es rotundo en tanto se mantiene la disponibilidad.” El prohibicionismo ha generado una dramática y paradójica situación: el negocio de las drogas y las reacciones de los países occidentales al respecto está ocasionando una creciente corrupción en todos los niveles de gobierno, poniendo en entredicho a menudo el orden establecido. Pero por otra parte, es de esa prohibición de donde emana el gigantesco negocio. Así, y forzados por la numerosa población que depende del ilegal negocio, los gobiernos se ven forzados a mantener políticas ambiguas, de complicidad tácita con el narcotráfico, pero, al mismo tiempo, a cubrir el expediente de la certificación para seguir recibiendo ayudas exteriores. Pero las acciones que se emprenden en este sentido, no pasan sin consecuencias. Por citar algún ejemplo, tenemos el reciente caso de Colombia, donde el presidente Samper fue acusado por los Estados Unidos de financiar su campaña electoral con dinero de los narcotraficantes. Éste intentó desesperadamente recuperar el favor norteamericano ordenando rociar, en verano de 1996, con ‘glyphosate’, un potente herbicida, plantaciones de coca y opio en el estado amazónico de Guaviare. El ejército tuvo que acudir a aplacar las protestas de 15.000 campesinos que protestaban por la acción. El gobierno declaró ‘zona especial’ la región y suspendió las libertades civiles. Pero en agosto se unieron a la marcha de protesta más de 100.000 personas de los estados vecinos de Putumayo y Caqueta. Estas protestas reforzaron por su parte a la guerrilla colombiana, que se financia en gran parte mediante la protección que presta a los productores de droga de la zona, llevándola a realizar ese mismo mes una de las mayores ofensivas contra objetivos militares .

En Panamá, la lucha contra el tráfico de drogas fue la excusa usada en 1989 por la administración norteamericana para invadir el país, detener a Noriega y llevarlo a territorio norteamericano para juzgarlo allí. En la invasión murieron 23 soldados americanos y unos 500 ciudadanos panameños, pero el presidente Bush declaró orgulloso que la acción y el posterior veredicto contra Noriega constituía “una gran victoria contra los señores de la droga” . Ni que decir tiene que la operación no sirvió ni para disminuir en absoluto el consumo de cocaína en EE.UU. ni tan siquiera para aumentar su precio. De hecho, durante la última década, el precio medio de la cocaína en EE.UU. ha disminuido en un 80%, mientras que la pureza de la sustancia comprada al detalle se ha quintuplicado, pasando de un 12% a un 60%.

Lugares donde el cannabis se venía usando desde hace siglos con finalidades religiosas, como Nepal o Jamaica, han sido forzados por la comunidad internacional a abandonar sus cultivos. En Nepal, miles de familias se vieron obligadas a abandonar su habitual medio de existencia para adaptarse a las leyes internacionales. No deja de resultar paradójico y significativo que los mismos países occidentales que se encargaban de prohibir allí el cannabis fueran los que introdujeran el alcohol, droga hasta entonces aborrecida por el pueblo hindú. En Brasil, durante el régimen militar de 1964-1985, la erradicación del cannabis sirvió de pretexto para controlar a los disidentes sociales. Incluso remotas tribus amazónicas fueron sometidas a torturas por cultivar cáñamo, y las víctimas de los ‘escuadrones de la muerte’, jóvenes negros en su mayor parte, eran descritos por las autoridades como “grandes traficantes de droga” .

Estos son sólo algunos ejemplos trágicos que se repiten interminablemente siguiendo un patrón claro: como la ‘lucha contra la Droga’ es una prioridad universalmente aceptada dada la inconmensurable amenaza que suponen las sustancias prohibidas para la supervivencia de nuestra sociedad, es fácil esconder bajo su bandera motivaciones espurias. Y, por supuesto, los intereses geoestratégicos y los juegos de poder entre países son especialmente susceptibles de ser camuflados bajo el noble estandarte de “la salud y el bienestar de la humanidad” .