Cómo se articula la prohibición.
Resumida e incompleta, ésta es la historia de cómo empezó todo, de cómo se puso en marcha la maquinaria represiva que, orientada primero a tres sustancias, reprime hoy centenares de plantas, hongos y sustancias químicas, y controla la producción y transacciones de gran cantidad de sustancias precursoras de las drogas prohibidas, necesarias para su fabricación. Pero, ¿qué tratados determinan hoy, a escala internacional, la prohibición y represión del uso ilícito de drogas? Sin extenderme en una cuestión compleja y árida, considero interesante dar cuatro pinceladas para esbozar las bases legales de nuestro actual estado de cosas.
Las políticas respecto a las drogas de casi todos los países están determinadas por tres Convenciones de las Naciones Unidas: la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Veamos un poco qué son y cuáles son sus orígenes.
En 1961, las Naciones Unidas convocan la llamada Convención Única sobre Estupefacientes para unificar los criterios y métodos en el ámbito internacional para evitar el consumo ilícito de drogas y garantizar el uso médico y científico de algunas de ellas. Para conseguir este doble objetivo, se deciden dos tipos de actuaciones: establecer severas medidas penales contra el tráfico ilegal y estructurar un sistema de planificación de las necesidades y la producción de las sustancias con uso médico y científico por parte de cada uno de los países firmantes, creando para garantizar el cumplimiento de estos objetivos varios organismos de control entre los que destaca la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, primer responsable de la aplicación de aquel convenio y de los que le seguirán.
A raíz de la Convención de 1961 (y de una enmienda de 1972), pasan a fiscalizarse 116 estupefacientes . Las sustancias prohibidas o controladas se clasifican en cuatro listas en función de su peligrosidad y potencial de uso médico. Para mostrar el rigor de esta clasificación, baste decir que el cannabis está en la lista de drogas con gran potencial de abuso y sin posibilidad de uso médico, junto con otras drogas no adictivas como el LSD o la psilocibina.
En 1971, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas añade a las sustancias controladas 111 más, y, en 1988, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, añade a la fiscalización 22 productos químicos considerados precursores necesarios para la fabricación de drogas controladas. Además, esta última Convención lleva al extremo las solicitudes de represión por parte de quienes la firman: obligatoriedad de extradiciones para delitos relacionados con drogas, establecimiento de nuevos delitos (lavado de dinero, incitación y apología, conspiración...), petición de que se penalice el consumo e, incluso, la recomendación de la inversión del principio de la ‘presunción de inocencia’ para personas sospechosas de poseer sustancias prohibidas, lo que equivale a tener que demostrar, en determinados casos, la inocencia en lugar de la culpabilidad.
Partiendo de estas bases, la cantidad de organismos, nacionales e internacionales, así como el número de leyes y disposiciones nacionales y locales destinadas hoy en día a mantener y perpetuar la prohibición son ya prácticamente incontables y alrededor de ella se han generado intereses económicos no menores que los del propio tráfico de drogas. Podría ser quizás objetivo de otro ensayo seguir el rastro de estos motivos para ver dónde nos conducirían.
Ésta es, poco más o menos, la crónica. He pretendido mostrar, resumidamente, cómo la prohibición de las drogas es un capítulo más en la historia de las restricciones a la libertad individual motivadas por cuestiones políticas, religiosas y/o seudocientíficas. Creo haber mostrado cómo en todos los tiempos estas restricciones han venido refrendadas por autoridades en todos los terrenos que, alternando o conjuntando estupidez, desinformación y malicia, han sido responsables de la creación y el mantenimiento de dichas injusticias. Dejando al margen incluso las razones de fondo respecto a la malignidad intrínseca de la Droga, debemos ver claro que intentar solucionar sus males asociados mediante castigos penales y sanciones administrativas, es un ensayo social, bienintencionado quizás, pero sumamente arriesgado. Para valorar su efectividad, los experimentos necesitan reglas. Cuando queremos curar algo mediante una medida terapéutica hemos de contemplar la posibilidad de que la solución agrave los problemas iniciales o que genere nuevos males. Debemos también fijarnos objetivos para, con el paso de un determinado tiempo, poder determinar si el experimento ha sido un éxito, si no ha servido de nada o si ha constituido un desastre monumental. Pretendo pues en el siguiente capítulo valorar los resultados del invento prohibicionista e intentar mostrar su estrepitoso fracaso.
Las políticas respecto a las drogas de casi todos los países están determinadas por tres Convenciones de las Naciones Unidas: la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Veamos un poco qué son y cuáles son sus orígenes.
En 1961, las Naciones Unidas convocan la llamada Convención Única sobre Estupefacientes para unificar los criterios y métodos en el ámbito internacional para evitar el consumo ilícito de drogas y garantizar el uso médico y científico de algunas de ellas. Para conseguir este doble objetivo, se deciden dos tipos de actuaciones: establecer severas medidas penales contra el tráfico ilegal y estructurar un sistema de planificación de las necesidades y la producción de las sustancias con uso médico y científico por parte de cada uno de los países firmantes, creando para garantizar el cumplimiento de estos objetivos varios organismos de control entre los que destaca la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, primer responsable de la aplicación de aquel convenio y de los que le seguirán.
A raíz de la Convención de 1961 (y de una enmienda de 1972), pasan a fiscalizarse 116 estupefacientes . Las sustancias prohibidas o controladas se clasifican en cuatro listas en función de su peligrosidad y potencial de uso médico. Para mostrar el rigor de esta clasificación, baste decir que el cannabis está en la lista de drogas con gran potencial de abuso y sin posibilidad de uso médico, junto con otras drogas no adictivas como el LSD o la psilocibina.
En 1971, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas añade a las sustancias controladas 111 más, y, en 1988, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, añade a la fiscalización 22 productos químicos considerados precursores necesarios para la fabricación de drogas controladas. Además, esta última Convención lleva al extremo las solicitudes de represión por parte de quienes la firman: obligatoriedad de extradiciones para delitos relacionados con drogas, establecimiento de nuevos delitos (lavado de dinero, incitación y apología, conspiración...), petición de que se penalice el consumo e, incluso, la recomendación de la inversión del principio de la ‘presunción de inocencia’ para personas sospechosas de poseer sustancias prohibidas, lo que equivale a tener que demostrar, en determinados casos, la inocencia en lugar de la culpabilidad.
Partiendo de estas bases, la cantidad de organismos, nacionales e internacionales, así como el número de leyes y disposiciones nacionales y locales destinadas hoy en día a mantener y perpetuar la prohibición son ya prácticamente incontables y alrededor de ella se han generado intereses económicos no menores que los del propio tráfico de drogas. Podría ser quizás objetivo de otro ensayo seguir el rastro de estos motivos para ver dónde nos conducirían.
Ésta es, poco más o menos, la crónica. He pretendido mostrar, resumidamente, cómo la prohibición de las drogas es un capítulo más en la historia de las restricciones a la libertad individual motivadas por cuestiones políticas, religiosas y/o seudocientíficas. Creo haber mostrado cómo en todos los tiempos estas restricciones han venido refrendadas por autoridades en todos los terrenos que, alternando o conjuntando estupidez, desinformación y malicia, han sido responsables de la creación y el mantenimiento de dichas injusticias. Dejando al margen incluso las razones de fondo respecto a la malignidad intrínseca de la Droga, debemos ver claro que intentar solucionar sus males asociados mediante castigos penales y sanciones administrativas, es un ensayo social, bienintencionado quizás, pero sumamente arriesgado. Para valorar su efectividad, los experimentos necesitan reglas. Cuando queremos curar algo mediante una medida terapéutica hemos de contemplar la posibilidad de que la solución agrave los problemas iniciales o que genere nuevos males. Debemos también fijarnos objetivos para, con el paso de un determinado tiempo, poder determinar si el experimento ha sido un éxito, si no ha servido de nada o si ha constituido un desastre monumental. Pretendo pues en el siguiente capítulo valorar los resultados del invento prohibicionista e intentar mostrar su estrepitoso fracaso.
0 Comments:
Post a Comment
<< Volver al Índice general